El próximo 13 de noviembre se realizará en Ginebra la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que considerará la situación de los derechos humanos en Nicaragua, en el marco del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (el EPU). El EPU es un mecanismo de la ONU que evalúa, cada cinco años, la situación de los derechos humanos de cada uno de sus Estados Miembros. Esto significa que el régimen encabezado por Daniel Ortega estará expuesto ese día al escrutinio de la máxima institución universal, como culminación de un proceso preparatorio de varios meses. A esta fecha se ha inscrito un número significativo de delegaciones que participarán en el debate.
La representación oficial del régimen publicó un informe con tres características: 1. Se dio a conocer de manera tardía, con el objetivo deliberado de obstaculizar reacciones de países y organizaciones 2. Se concentra en temas económicos y sociales, mostrando un supuesto paraíso de bienestar y prosperidad, a sabiendas de que países y organizaciones tienen limitaciones para acceder a datos e información económica y social que contrasten la versión oficial. 3. Omite los asuntos fundamentales concernientes a la verdadera situación de los derechos civiles y políticos en el país y describe un oasis de paz, seguridad y concordia.
El propósito obvio del régimen es posicionar el informe oficial sobre derechos económicos, sociales, civiles y políticos en Nicaragua como versión no controvertida, para el presente y el futuro.
La fundación Puentes para el Desarrollo de Centroamérica analizó a fondo el informe gubernamental y, con el apoyo de profesionales nicaragüenses, elaboró un Informe Alternativo que impugna la parte sustantiva del documento oficial a partir de estadísticas y datos generados por instituciones del mismo gobierno de Nicaragua, principalmente en los temas económicos y sociales. Complementariamente, se incorporan referencias documentales publicadas por organismos internacionales y organizaciones debidamente acreditadas.
Algunos puntos del Informe Alternativo que desenmascaran el informe oficial son los siguientes:
- El informe gubernamental afirma que en Nicaragua se registra una tasa de desempleo del 3.4%. El Informe Alternativo indica que las estadísticas oficiales muestran que más del 75% de la población trabajadora se encuentra en la informalidad laboral, sin ningún tipo de protección, y que más del 50% de la población laboral se encuentra en una de las siguientes condiciones: desempleo, subempleo o en la categoría denominada “trabajadores sin remuneración”.
- El gobierno presenta datos que exhiben una economía pujante pero no dice una palabra sobre el aporte del trabajo de los nicaragüenses en el exterior a la economía nacional. Este aporte pasó de representar el 13% de la economía nacional en 2019, a casi el 30% en 2024, constituyéndose en el país con mayor dependencia de las remesas de América Latina.
- En cuanto a los salarios, el gobierno presume que en el período 2019-2024 los salarios mínimos se elevaron en 37.60%. Sin embargo, los informes de INIDE revelan que el costo de la canasta básica en el período indicado se elevó en 54.9% y el costo del componente de alimentos creció en 69.7%, es decir, casi el doble de los ajustes al salario mínimo.
- El texto oficial presenta supuestos progresos en materia de educación. No obstante, el informe ERCE, publicado por UNESCO, registra que en las pruebas realizadas a la niñez nicaragüense de sexto grado, el 97% de estudiantes no alcanzó el mínimo en matemáticas, el 95% no lo alcanzó en ciencias y el 87% tampoco llegó al mínimo en lectura. En todas estas áreas la niñez nicaragüense quedó por debajo de los demás países latinoamericanos evaluados.
- El Informe Alternativo, con base en datos de INIDE y del Fondo de Población, da cuenta de que Nicaragua presenta la más alta tasa de embarazos en adolescentes de América Latina. Los porcentajes más elevados corresponden a niñas y adolescentes de baja escolaridad, residentes en zonas rurales. A menudo estos embarazos son resultado de diversas formas de violencia. A la parte son expresión y un mecanismo de reproducción de pobreza y exclusión social.
- El reporte del gobierno exhibe presuntas realizaciones en materia de igualdad de género, pero, en contraste, sus propias estadísticas testimonian profundas inequidades en materia económica y social, en particular desigual acceso al empleo, desigualdades salariales, menor tasa de ocupación y menor acceso a la seguridad social. Un porcentaje abrumador de mujeres se encuentra en informalidad laboral, con una remuneración menor al salario mínimo, sin posibilidad de pensión de vejez al llegar a la edad de retiro, sin derecho a descanso pre y post natal remunerado en caso de embarazos.
- La pensión promedio de los pensionados por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social es de 6.312 córdobas (US$172.3 al tipo de cambio oficial), lo que representa menos de la mitad del costo de cesta alimentaria y menos de la tercera parte del costo de la canasta básica. Por disposición gubernamental, a partir de este año esas pensiones no recibirán ningún ajuste, con independencia del aumento de precios de los productos de primera necesidad. Además, el 80% de las personas de la tercera edad se encuentran en el desamparo ya que únicamente el 20% de las personas de la tercera edad recibe una pensión de vejez completa.
- Un dato poco conocido es que las estadísticas de FAO (Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) enseñan que el porcentaje de la población que no podía adquirir una dieta saludable se elevó en el período 2020-2022, al pasar del 25% al 27.3%. Esto es, más de la cuarta parte de la población. Mientras la población en condición de subalimentación se acerca al 20%. Ambas tendencias son crecientes.
- El texto oficial presenta un paraíso de paz donde se respetan los derechos humanos, pero instancias internacionales, en particular el Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Nicaragua señalan directamente a Daniel Ortega y Rosario Murillo de ser responsables de cometer delitos de lesa humanidad en contra de la población nicaragüense y violaciones masivas a derechos humanos, entre otros: ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos, torturas, despojo de nacionalidad, confiscaciones, cancelación de organizaciones de sociedad civil, atropellos a la libertad religiosa, ocupación de universidades y medios de comunicación, persecución a periodistas, atropellos a derechos de población indígena.
Organizaciones nicaragüenses de derechos humanos y de sociedad civil han hecho una extraordinaria contribución para documentar y denunciar violaciones flagrantes a los derechos humanos, al igual que gobiernos y organizaciones internacionales comprometidas con la democracia. Pero la lucha sigue y no podemos dejar abierto ningún espacio donde puedan imponerse las falsificaciones que pregona el régimen.
